13-10-2025
SUBASTA PÚBLICA DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (PNSD) Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC).
SEGIPSA organiza una subasta pública de 17 lotes de Inmuebles en distintas provincias del territorio nacional, el 5 de noviembre de 2025. Los Pliegos de Bases que establecen las Condiciones por las que se rige la enajenación de la subasta pública, junto a las fichas descriptivas de cada uno de los lotes y demás documentación, están disponibles en la web de SEGIPSA.
VENTA DIRECTA DE INMUEBLES
Se acuerda el inicio de un procedimiento de venta directa de cinco lotes de inmuebles situados en Madrid (El Pardo), Cáceres, Banyoles (Girona) y Alcorcón (Madrid).
Consulta Preliminar al Mercado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Se ha ampliado el plazo para la Consulta Preliminar al Mercado en relación con la futura licitación de los servicios de mantenimiento y evolución de sistemas ERP SAP de SEGIPSA. El periodo para responder a esta consulta finalizará el próximo 1 de octubre de 2025 a las 12:00 horas. A continuación aparecen los datos relevantes sobre dicha consulta:
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SEGIPSA interviene en la ejecución de actuaciones financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia colaborando con la Administración General del Estado
La Administración General del Estado vuelve a confiar en la experiencia y profesionalidad de SEGIPSA encargando a la Sociedad la ejecución de actuaciones ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para distintos Ministerios: Interior, Justicia y Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A.
La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A (SEGIPSA), tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la administración general del estado, de los poderes adjudicadores dependientes de ella, de las entidades pertenecientes al Sector Público estatal que no tengan la consideración de poder adjudicador, así como de las personas jurídicas de derecho público o privado del sector público estatal, controladas del mismo modo por la Administración General del Estado para la realización de cualesquiera trabajos o servicios previstos en la Disposición Adicional Décima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
